Hace sesenta y dos años que en un campo de tiro en Carabanchel, se repitió el ritual por última vez. A la luz de una escena macabra, caía abatido por un pelotón de fusilamiento Julián Grimau, iluminado con faros de vehículos apostados en semicírculo. Lo llamaron “el último muerto en España de la guerra civil”.

Grimau no permitió que le vendaran los ojos. Murió sin aspavientos, digna y serenamente, como  era propio de su carácter, según atestiguó su defensor militar, el joven capitán Alejandro Rebollo.

Riesgo

Julián Grimau García (18/4/1911. Madrid), fue tipógrafo, inspector de policía y político. Trabajó tempranamente en el mundo editorial (Espasa Calpe, Ibero-Americana), donde su padre era gerente. Mientras se hacía cargo de una librería en La Coruña, contactó con la Organización Republicana Gallega Autónoma de Casares Quiroga.

A sus 52 años era miembro del PCE desde octubre de 1936. Estuvo exiliado en Latinoamérica desde finales de 1939, donde trabajó entre los emigrados españoles en América Central, por varios meses en la República Dominicana. En Francia (1939) se internó para realizar contactos y en Cuba desde 1940.  

Regresó a Europa (1947) y trabajó en el Partido Comunista Español. Fue miembro del Comité Central a partir de 1954 (Congreso de Praga). Desde 1957 dirigió la actividad de las organizaciones clandestinas (PCE) en España.

Grimau fue detenido, condenado a la pena de muerte y ejecutado a pesar de una amplia campaña internacional en su defensa.

Clandestino

Desde 1957, Grimau combinaba estas tareas desde el país vecino, con estancias clandestinas en España, donde el partido necesitaba el apoyo para su rápida reconstrucción. Quienes lo conocieron, lo calificaron como hombre con alto sentido del deber y la lealtad, se negaba a ser un “capitán Araña” -según sus palabras- que expusiera a sus colaboradores al riesgo, mientras él se preservaba en la retaguardia.

Contexto

Como un antes y un después en la oposición al franquismo, figuran las huelgas asturianas de 1962, por el gran movimiento de solidaridad generado en toda España y el impacto logrado tras negociar con un Ministro ante la representación legítima  de los trabajadores, aún ilegal en esos momentos.

Durante el verano, el Movimiento Europeo con 118 representantes de la oposición no comunista en el exilio y el interior, condenaron a la dictadura franquista y reclamaron la democracia para España, por lo que fue calificado por los franquistas como el “Contubernio de Munich”.

A propósito, fue publicado como un informe crítico a final de año, por parte de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra: “El imperio de la ley en España”. El hecho resultó insólito, porque este organismo había sido utilizado por Occidente, como artilugio contra países del bloque soviético.

Se tambaleaba la imagen internacional del aparato franquista, justamente cuando intentaba integrarse en el proceso de unificación europeo, en un intento de readaptación político-económica del régimen a nuevos tiempos y la emergencia creciente de la oposición popular, especialmente la obrera.

El Plan de Estabilización y el desarrollismo, suponían una apertura de la economía española a Europa occidental, en sus etapas iniciales del Mercado Común. La historia cuenta ciertas complicidades, como la visita del Ministro de Hacienda francés Giscard d’Estaing a España, coincidente con la ejecución de Grimau.

Este hecho hizo reducir la agenda del político francés, quien fue “compensado” con una condecoración, repudiada por el general De Gaulle, nada enemigo por cierto. Pero De Gaulle era un demócrata avalado por elecciones populares y no pretendía enturbiar su prestigio con relación a un autócrata. Cuenta la historia que tras la derrota electoral del estadista francés, con la excusa de un libro en ciernes, en junio de 1970 se encontró en España con el general Francisco Franco Bahamonde​​ (1892- 1975).

El franquismo necesitaba construir la apariencia de un “Estado de derecho”. En 1958, la operación neo-falangista reafirmó el futuro una “Monarquía tradicional, católica, social y representativa”, exhibiendo “derechos humanos y libertades” hasta en los tribunales compatibles con la autoridad, sin dejar de recurrir a lo que definieron como “legitimidad de origen”, aludiendo la victoria en la guerra civil. En fin, apariencias de cambiar para que todo siguiera igual.

La necesaria flexibilización económica requería una válvula de escape y la negociación colectiva, aunque limitada con mecanismos seudo-representativos. Esta circunstancia estimuló la modificación de los mecanismos represivos y derivó en la creación del Tribunal de Orden Público, precisamente tras la ejecución de Grimau.

El combativo grupo de abogados del PCE, aprovechó el nuevo frente de lucha contra la dictadura, con esta jurisdicción especial de carácter civil, ya que posibilitaba sacar a una parte de los presos políticos de los Consejos de Guerra y algunos recursos de defensa con defensores civiles.

La Política de Reconciliación Nacional proclamada en 1956, situó el centro de la lucha antifranquista en el impulso de la movilización abierta y unitaria, con la que pudieran identificarse amplios sectores de la sociedad española.

El despliegue de la política del PCE, acabó por convertirlo en el partido antifranquista por antonomasia. Pese a la dura represión, desarrolló la movilización de la Oposición Sindical, comisiones obreras y la creación de la Federación Democrática de Estudiantes.

Posteriormente fue extendido a sectores campesinos, intelectuales o profesionales que derivaron a finales de los años 1960 en una red de formas de acción, que progresiva e inevitablemente fueron abriendo espacios de libertad. De esta forma continuaron presionando al “aparato de gobierno” que mantenía activa su estructura represiva y amenazaba la continuidad tras la muerte de Franco.

Confluían las contradicciones sociales generadas por el desarrollismo, con los cambios de expectativas en amplios sectores y su extensión desde las cuencas mineras asturianas al resto del país, tras las huelgas de 1962. Las muestras de solidaridad, se manifiestan a gritos de “Asturias sí, Franco no”.

Cuando se produjeron nuevas manifestaciones en las cuencas mineras de Asturias, la represión se aplicó sin cortapisas contra 126 trabajadores mineros, casi todos militantes o simpatizantes comunistas, que despedidos y otros deportados, por lo que el movimiento obrero quedó descabezado.

La Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, presentó en 1962 un demoledor informe de menos de cien páginas, cuya difusión en España fue prohibida, mientras el gobierno movilizó al cuerpo diplomático para defenderse de las “calumnias comunistas” y proyectaron sus diatribas contra Ramón Ormazábal, fundador del Partido Comunista de Euskadi y Julián Grimau, prisionero en lento calvario de la policía desde varias semanas antes.

Castigo

Grimau reconoció su condición partidista y se negó a dar información comprometedora. “Me llamo Julián Grimau García. Soy miembro del Partido Comunista en España y me encuentro en España cumpliendo una misión de mi Partido”.

Había sido delatado ante la policía, por un militante de su Partido que ni siquiera lo conocía bien, aunque sí le constaba que se trataba de un alto dirigente. La detención de Grimau el 7 u 8 de noviembre, fue aprovechada con ensañamiento por el gobierno franquista, incluyendo al médico-verdugo, el doctor Sentí Montagut que cuando no se trataba de comunistas, seguía prestando sus atenciones sanitarias. A Grimau le preguntó con sorna durante los interrogatorios, si prefería que le pegara como policía o como médico.

Es conocido que torturado, esposado y ya sin conocimiento por los golpes recibidos, Grimau fue arrojado por una ventana, aunque les resultó difícil probarlo como un intento de suicidio. Grimau mostraba un hundimiento considerable del frontal izquierdo de la cabeza, por la caída o un culatazo de un fusil.

Literalmente tuvieron que construir un discurso para definirlo en una figura de represor que encajara en Grimau, a través de declaraciones de dudosa fiabilidad y supuestos, no ratificados en el juicio.

Para llevar a cabo esta operación, se recurrió a los servicios de Manuel Fraga Iribarne, Ministro de Información, quien llevó contra el reo un alegato titulado: “Crimen o castigo”. Como se ocupó también del ‘contrainforme’ al texto de la Comisión de Juristas de Ginebra, publicado con el significativo título “España, Estado de Derecho”. Con 200 páginas fue editado en 1964, por un autodenominado Servicio Informativo Español; su contenido nunca fue dado a conocer a la población española.

Según el libro de Marc Carrillo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, aquel informe sin autoría específica, pudo ser realizado por el Instituto de Estudios Políticos.

Su contenido sostenía primeramente que el ‘régimen republicano era ilegal’. Como segunda conclusión enunciaba: “El actual Estado español es el resultado de un proceso histórico que se inicia a principios del siglo XIX y culmina en 1936, cuando el pueblo español, en uso legítimo del derecho de defensa, se alzó contra la anarquía, el caos revolucionario y el ejercicio ilegítimo del poder”.

El tercer precepto subrayaba que la legitimidad de su gobierno, no solo era de origen, sino también por su aceptación popular. El cuarto argumento, sostenía que en 1964 el Estado -surgido de la Guerra Civil- se encontraba en perfeccionamiento permanente, respondía a las exigencias modernas de lo que la teoría entiende por Estado de Derecho; define el investigador Cándido Marquesán Millán.

Acusación

La acusación a Grimau fue de “rebelión militar continuada”, cargo que negó, afirmando una actuación limpia al servicio del gobierno legítimo de la República, sin ejecutar torturas, ni asesinatos que  iban contra sus convicciones morales.

Asimismo fueron evidentes un cúmulo de irregularidades procesales e infinitas dificultades puestas a la defensa. Lo anterior fue corroborado por los testimonios de su “defensor civil”, el letrado comunista Amandino Rodríguez Armada y su “abogado militar”, el capitán Alejandro Rebollo.

El juicio se realizó con la presencia en la sala de una jauría de miembros de la Brigada Político Social (BPS) que provocaron incidentes, insultando a gritos al acusado. La BPS, fue la policía política de la dictadura franquista en España, responsable de la represión y persecución de la oposición antifranquista.

Fue juicio sentenciado de antemano. La abogada María Luisa Suárez presenció el proceso, dijo que la defensa del abogado Rebollo fue “bien argumentada jurídicamente, con una hermosa oratoria, llena de humanidad”. Durante el proceso entabló amistad con su defendido y lo acompañó en el paredón. Después de este caso, Rebollo vio tronchada su carrera militar y abandonó el Ejército.

Timador

Para colmo, quien condenó a muerte a Julián Grimau, era un impostor. El ponente militar Manuel Fernández Martín, actuó como ponente del tribunal que juzgó al dirigente comunista, esgrimiendo el título de licenciado en Derecho que nunca obtuvo. Como se demostró más adelante, había falsificado su título de abogado.

De algún modo era un secreto a voces y el Consejo Superior de Justicia Militar abrió la causa 1/1964, contra el Comandante Auditor Honorífico “por distintas actividades presuntamente delictivas”. En 1966 fue juzgado y condenado a un año y seis meses de prisión. La sentencia aludió “usurpación de funciones”, “con atenuante de no haber tenido intención de producir un daño de tanta gravedad”.

El Colegio de Abogados de Madrid indagó meses antes del fusilamiento a Grimau -desde el 24 de octubre de 1962- ante la Facultad de Sevilla, acerca de si el fiscal había cursado la carrera. Requerían conocer: en “caso afirmativo, si le ha sido expedido el título de Licenciado en Derecho por la Universidad de esa capital”.

El falso abogado engañó a Franco durante casi 30 años. Utilizó un certificado que pidió tras la guerra civil al Colegio de Abogados de Cáceres, que decía: “conducta intachable y afecto al régimen”. “Y está matriculado en este colegio de abogados”. Cuando requerían su expediente académico, Manuel Fernández Martín decía que se había quemado durante la guerra.

La Facultad de Derecho respondió a una investigación periodística: “que en los antecedentes que obran en esta Secretaría, existe un tal don Manuel Fernández Martín” matriculado “en los cursos 1932-33 y 1933-34, no presentándose a ningún examen en este último y sin que se tengan más antecedentes”.

La Universidad hispalense remite los archivos desde 1931, “hasta la terminación de la Guerra de Liberación”. Más tarde, alarga la indagación hasta el ejercicio 1949-50, sin que haya más noticias.

El timador participó en juicios sumarísimos en calidad de fiscal y vocal-ponente. Para este ejercicio es requerido ser licenciado en Derecho. De acuerdo con el Código de Justicia Militar, tuvo la doble misión de preparar la resolución que dicta el tribunal y asesorar legalmente a sus miembros.

Muchos casos sentenciados, tras la intervención de Fernández Martín en los de Consejos de Guerra, resultaron en pena de muerte; en otros casos, fueron condenados a largas penas de cárcel como presos políticos antifranquistas.

Conmoción

La detención de Julián Grimau, la condena y ejecución, produjeron una fuerte revuelta, manifestaciones, mítines y protestas. También se produjeron irrupciones en embajadas; afirmó Mundo Obrero, “un inmenso clamor de consternación y cólera se extendió por el mundo”.

Le Monde publicó el artículo de Dionisio Ridruejo, “La guerra continúa”. Afirmó valientemente que Francisco Franco deseaba mantener viva la contienda para perdurar él mismo, y que matar a alguien que se le había escapado en 1939, era “como volver a matar a todos los muertos”.

El órgano del PCI,  L’Unità de Italia, tributó un número especial en su memoria, la Democracia Cristiana le ofreció una misa como “mártir de la libertad”.

Llegó “una montaña de radios y telegramas, en relación con el caso Grimau, el dirigente comunista conectado con graves acciones de las ‘chekas’ durante nuestra guerra. La organización comunista internacional, funcionó con su acostumbrada perfección, y la campaña tuvo una fuerza enorme”, recordó el Ministro de Información y Turismo (1962-1969), sin arrepentimiento en sus Memorias, publicadas en 1980.

Mientras Angelita, viuda de Grimau, intervenía en la televisión francesa pidiendo que “la sangre derramada por Julián Grimau fuera la última”, los monumentos a los caídos en la guerra se llenaban de flores por Grimau.

Colegios y calles de diversos países adoptaron el nombre del Julián Grimau. Quisieron erigirle un monumento en Bruselas, para demostrar la pervivencia de la España inquisitorial. El homenaje fue propuesto, junto al erigido a Francesc Ferrer i Guàrdia, figura clave para comprender la pedagogía moderna y objeto de otro crimen de Estado (1909) en Barcelona.

Entretanto, Italia se convirtió en el principal escenario de una campaña exterior de contrapropaganda del régimen franquista, por la presencia del Vaticano y los gobiernos democristianos.

Para entonces el gobierno español contaba con apoyo de la clase política y el clero italiano, pero el “caso Grimau” convocó a la movilización política, sindical e intelectual de la izquierda, dada la división de la opinión pública católica. De modo tal que tanto el Papa, Nikita Jrushchov, el presidente Kennedy y la reina de Inglaterra, entre otras personalidades, solicitaron clemencia por Grimau, no concedida por Franco.

A pesar del dolor y la indignación, en el interior del país las protestas fueron fácilmente contenidas. En Las Ramblas de Barcelona se convocó una manifestación por parte de Manuel Sacristán, filósofo español​ y uno de los más destacados introductores del marxismo en España. Los 17 asistentes, incluido Sacristán, fueron inmediatamente detenidos.

El poeta Carlos Álvarez terminó encarcelado. En carta enviada al diario ‘Ya’, frente a observaciones particularmente injuriosas de uno de los redactores, habló del “asesinato de Grimau” y se atrevió nada menos que a recordar las relaciones del franquismo con el nacionalsocialismo.

¿La última gota derramada?

No fue precisamente la sangre de Grimau, la última derramada. Pocos meses después, en 1963 fueron condenados a muerte Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez, militantes anarquistas antifranquistas, como sus padres exiliados. La muerte de Enrique Ruano en 1969, estudiante de Derecho de 21 años,  fue resultado de una brutal agresión tras su detención.

La vida de los antifranquistas fue “legalmente” sacrificada. El 3 de marzo de 1976, la Policía asesinó a cinco personas en una huelga en Vitoria: Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda.

Así fue hasta las vísperas de la propia muerte del Franco. La violencia policial y parapolicial en las calles, continuó generando víctimas durante la llamada “Transición”, establecida como una coartada de concesiones para el olvido. Una total injusticia para quienes pagaron el precio más sagrado por su compromiso.

La ley de memoria democrática del 2022, estableció la nulidad de las sentencias y resoluciones impuestas por tribunales franquistas, declarados “ilegítimos” desde 2007.

Aún se desconoce el número de juicios sumarísimos celebrados durante la guerra civil y el franquismo. El historiador Jorge Marco, dijo que éstos se caracterizaron “por su brevedad, la ausencia de derechos y el predominio de la fiscalía sobre la defensa”.

El investigador señaló que “podríamos hablar como cifras iniciales de más de un millón de consejos de guerra”. Precisar la cantidad de personas que fueron ejecutadas tras ser condenadas en ellos, se hace aún más difícil porque “no todos los consejos de guerra tenían como resultado la pena de muerte (muchos deparaban condenas de varios años en prisión) y algunos presos condenados a la pena capital lograron redimirla o que se revisara su sentencia”.

Por su parte, el antropólogo Alfonso Villalta Luna en “Tragedia en tres actos”, (Editorial CSIC), reconstruye la dinámica de estos procesos. Los asesinatos extrajudiciales fueron la norma en los primeros meses de la contienda y se extendieron hasta la posguerra, pero a partir de marzo de 1937, los juicios sumarísimos regidos por el Código de Justicia Militar, se convirtieron en el principal mecanismo del franquismo para reprimir al enemigo vencido. Señaló rotundamente que hay que rescatarlos del olvido, “con la esperanza de que volver a nombrarlos los devuelva a la vida”.

EN ESTA NOTA: